A mi me parece bastante aceptable decir que el mundo de la política vive bastantes veces lejano de la vida real y que, por ello, en los meses o semanas preelectorales esa lejanía se convierte en algo parecido a un espejismo. Es cuando la imaginación portentosa de quienes quieren llegar al poder decide romper barreras y cabalga desbocada.
Pero parece que todo esto del surrealismo de los hombres públicos es cosa vieja y ya sabida. De hecho, buscando en Internet, he encontrado que se adjudica a Santiago Carrillo lo que mi padre me contó, en más de una ocasión, refiriéndose a un candidato de la CEDA a las elecciones de 1936, las últimas de la II República española.
Cuentan que, uno u otro, que más da, agotaban su gira por los pueblos rascando votos, más o menos como ahora hacen los candidatos pactando veinte segundos en los últimos telediarios de la campaña y repitiendo la misma frase una y otra vez - aunque los asistentes al mitin lleguen a pensar que su líder comienza a padecer repetición senil- para que los millones de telespectadores reciban ese y no otro mensaje.
Dicen que el de la CEDA, o Santiago Carrillo, prometieron en un pueblo de Castilla, en el éxtasis de su arenga, la construcción de un puente y que, tras unos segundos de silencio, un paisano preguntó ¿Para qué queremos un puente si no tenemos un río?, a lo que el orador, sin dudarlo, sentenció ¡Pues también os traeremos un río!.
El tiempo ha pasado y las herramientas de la propaganda son distintas, pero pienso que el trasfondo del espejismo político sigue siendo sustancialmente el mismo. He llegado a esta conclusión con ocasión de tener que estudiar algo de Derecho, en un master que estoy cursando en la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), sobre la Sociedad de la Información. Hace pocos días acabé mi trabajo sobre la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos
De acuerdo con los legisladores, en este caso Gobierno y Oposición estuvieron de acuerdo en el texto final aprobado el pasado mes de junio, esta ley no obliga al ciudadano, sino al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Administraciones Locales. Es decir, que la nueva norma no se basa, como bastantes otras, en obligaciones de los individuos, sino en sus derechos, entre los que se incluye el de usar, o no, los servicios públicos electrónicos. Auténticamente innovador, ya que hablamos de una ley de compromisos públicos según la cual, a partir del 31 de diciembre 2009, los ciudadanos podrían comenzar a pedir que se les atendiera telemáticamente.
No hay maldad en el uso del condicional anterior ni en lo que voy a escribir, pero al seguir leyendo el texto del BOE he visto que para tan noble objetivo la ley guarda prudentemente las espaldas administrativas al decir que el Consejo de Ministros deberá aprobar un calendario de “adaptación gradual” y que, en el caso de las administraciones autonómicas y locales, se hace la salvedad de condicionar el arranque a que exista disponibilidad presupuestaria, lo que en principio aleja el proyecto de los concejos con menor poder recaudatorio, los de la España más pobre.
Recurro al buscador virtual y comparo los triunfalismos del ministro Jordi Sevilla de hace seis meses con la letra del Diario Oficial y no puedo evitar pensar que todo esto, cargado hoy de buenas intenciones, no rebasa de momento la línea del espejismo con que en tantas ocasiones los hombres públicos intentan dibujarnos su horizonte político. Da igual de lo que se trate, el mandatario, cuando quiere serlo y lo llega a ser, puede caer en el alejamiento de la realidad en su discurso y empezar a desdibujar las cosas para que dejen de parecer lo que realmente son.
“El Mundo” publicaba ayer jueves una entrevista con un Sarkozy rendido a los encantos femeninos casi adolescentes a orillas del Nilo, en la que afirmaba que la clave de su victoria electoral se había debido a que los franceses agradecieron que les hubiera hablado en el lenguaje de la verdad.
Pero no nos deslumbremos con tanto éxito y volvamos de nuevo al espejismo. Existe una Ley. Ya es algo más que un proyecto o un anuncio electrizante como aquel de nuestra Ministra de Fomento de que tendremos la mejor red de trenes rápidos del mundo, pronunciado días antes de que comenzaran a funcionar, sin pruebas previas y con fallos vergonzosos, dos nuevas líneas del Ave de las discordias hispanas.
A partir de diciembre de 2009 arrancará, esperemos que con pruebas previas, una administración on line. Y los que no quieran rendirse a las tecnologías, podrán seguir tomando su número, como en la pescadería, y esperar a que les atienda alguien que, entonces si, sentirá en su cuello el aliento de la competencia de las máquinas millonarias en bytes y con 20 megas de banda ancha y se prodigará, a lo mejor, en amabilidades, tal vez lo único que la pantalla será incapaz de hacer.
Internet, teléfono móvil, TDT, o bis a bis, sin número de copias de instancias, ya que el texto legal dice que el ciudadano podrá invocar en el Ministerio de Sanidad que la partida de nacimiento que le piden ya la entregó –y está digitalizada- en el Ministerio de Interior.
Tras leer el texto de la nueva ley, accedí al de la recomendación que la Comisión Europea ha hecho, sobre la extensión de la administración electrónica, al Consejo de Europa, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones de la UE, para que no se entienda erróneamente que de lo que no se trata es de hacer lo mismo que ahora, pero a través de las nuevas tecnologías, sino que se ha de combinar con drásticos cambios organizativos.
Aquí está el trasfondo de este espejismo. Si seremos capaces de formar y transformar a la inmensa familia funcionarial y hacerla cambiar hacia nuevos hábitos que hasta ahora –y salvo excepciones - han parecido casi exclusivos del sector privado. La ley establece, además, que las administraciones deberán cooperar mediante la interconexión de sus sistemas de información, lo que convierte el objetivo en algo todavía más retador y difícil, aunque no imposible.
Nace la sede electrónica y por ello una página web será jurídicamente lo mismo que una oficina física. Se extiende el uso del e-DNI, sin duda una oportunidad de gran valor ya que todos los ciudadanos, en renovaciones y solicitudes, tendrán un contacto directo con la Administración, que podrá sacar provecho de ese contacto personal para convertirlo en una vía de información y convencimiento al ciudadano acerca de las oportunidades que los nuevos servicios le brindan.
Y para que esos derechos de nuevo cuño sean cumplidos, nace también la figura del Defensor del Usuario de la Administración Electrónica y se da elección al software que cada individuo quiera, ya sea de marca o del llamado libre.
Me hago dos preguntas, ya que este texto, al haber sido aprobado por PSOE Y PP, obliga por igual a los dos principales partidos y uno de los dos habrá de gobernar tras el 9 de marzo.
¿Será necesario crear en la Administración una red de mandos profesionalizada en la gestión moderna de las cosas?
¿Se imaginan –dada la tendencia hispana a la escandalera- las reacciones ante unos primeros años con un alto grado de incidencias y anomalías?. Los del Ave será un recuerdo lejano e intrascendente.
Para acabar. Mi desencanto personal ante los triunfalismos oficiales ha aumentado cuando ayer, a rebufo del anuncio en la televisión pública de que los españoles ya podíamos pedir el DNI electrónico, he acudido a la oficina principal de la Policía para estas cuestiones, en la calle Balmes de Barcelona, para renovar el mío. Tras esperar mi turno no demasiado tiempo - estamos en Navidad- el funcionario me ha dicho que no, que en principio los primeros DNI electrónicos comenzarán a emitirse en Barcelona a partir de febrero, sin saberme decir que significa más en concreto “a partir”.
Feliz año nuevo
Javier Zuloaga
