La crisis económica y
social - y la corrupción- están arrastrando, a una buena parte de los ciudadanos
españoles, al derrotismo frente al futuro y a la incredulidad en los partidos. Le
pese a quien le pese, lo cierto es que no existe mejor vía para la convivencia
que la de esas fuerzas políticas que ahora algunos oportunistas –y a veces autoritarios-
quieren sustituir con movimientos asamblearios, algunos de ellos de dudoso
origen e intenciones poco claras. No se construye la prosperidad ni se
mantienen las libertades desde el dictado de las turbas. Está escrito en la
historia del mundo.
Pero, ¿de quién son los partidos?
Si hiciéramos una encuesta preguntando de forma simple a los
ciudadanos, ¿sabe usted quiénes son los propietarios de los partidos?, muy
posiblemente la respuesta mayoritaria sería la que se puede deducir de una
lógica superficial, casi refleja: “Los partidos son de ellos mismos, de sus
militantes”.
Tal vez la erradicación de esta premisa debería ser lo
primero a abordar antes de legislar sobre lo que ahora existe . ” Los partidos políticos son, una vez se han
constituido, patrimonio de la sociedad”. Así de simple y así de complejo,
ya que su puesta en práctica implicaría echarle un auténtico pulso al
tradicional sentido patrimonial que los españoles tenemos de las cosas más
intangibles, comenzando por esa tendencia a creer y defender como propia una
determinada manera de pensar y acabar encasillando a los ciudadanos en bandos.
Y si son inconciliables, aún mejor.
Y un partido, si bien es un intangible por cuanto proviene
de la unión de ideales y principios de unos ciudadanos bajo unas siglas,
resulta, además, una vía para llegar al poder, para administrar las cosas
públicas y hacerlo correctamente, con
pulcritud, o de forma deplorable,
metiendo mano en el cajón a través de los manejos turbios en el gasto
proveniente de los dineros recaudados.
Hay quien puede pensar que se ha de partir de lo
actual….arranquemos del Tribunal de Cuentas, pero mejorando su eficacia. Pero
no, y creo que no vale, ya que la propia composición de este organismo, en la
que intervienen los mismos partidos, no le invalida ni desacredita, pero sí que pone en cuestión su “excelencia”,
que es, al fin y al cabo, lo que buscamos.
El organismo o sistema que garantice el correcto
funcionamiento de los partidos, no debería sostenerse con el método con el que se
constituyen otras instancias de gran
importancia, CGPJ, TC… en las que finalmente son los representantes del pueblo
en las Cortes los que conforman mayorías de un signo u otro. En el caso de los
partidos, se ha de ser más estricto, ya que no se trata de formar mayorías que
se inclinen hacia un lado u otro, sino de todo lo contrario y que además
provoque que el juego sea más limpio. Y para ello, como ocurre en el saludable
mundo del deporte, hace falta árbitros.
Existen otras soluciones mejores, seguro. Pero yo pienso que
para que nuestros partidos políticos recobren la confianza pública que han
perdido, se debería crear una suerte de Departamento
para Asuntos Internos. Imagino a un cuerpo de profesionales, de sólida
formación jurídica y capacidad ejecutiva, casi policial, formado por quienes
hayan superado unas pruebas de selección de muy alto nivel.
Sí, acierta el lector. Como si fueran inspectores de
Hacienda –al fin y al cabo se trata también de combatir el fraude- pero con una
diferencia importante. Estos profesionales de la Administración deberían estar dentro
de los partidos. No como contables ni responsables económicos, sino en comisión
de servicio.
Al fin y al cabo, un partido político, si lo que decía al
comienzo de estas líneas es cierto y resulta que es propiedad de la sociedad,
¿por qué no va a ser aceptable que un profesional de la Administración trabaje
puertas adentro? Si a esa entelequia
sumáramos una correcta rehabilitación de la figura de los secretarios
municipales y una equivalente en las diputaciones, la mitad del camino ya
estaría andado.
Las tentaciones de actuar de forma impropia, por ser de
arriesgado final y escándalo aún mayor, serían mucho menores y tendrían difícil
camuflaje o letargo en el ámbito de la justicia.
Este planteamiento debería ser debatido en una nueva Ley de
Partidos Políticos insisto, a fondo, no con parches aparentes, en la que habría que anclar otros pilares no
menos importantes. Hacerlo, además, al tiempo de sembrar entre los ciudadanos, desde
que son pequeños, los conceptos básicos de la ética, de la buena conducta. Sin
nombres controvertidos, simplemente “ética” que actualmente no se si forma
parte de los programas educativos y sin enfrentarla con asuntos religiosos,
para que más tarde los bachilleres, después
universitarios, profesionales de un oficio o cualquier ciudadano, pueda dar un
buen golpe en la mesa cuando los comportamientos indecentes trasciendan.
Es muy difícil y por ello un sueño para que los de mi
generación, la del 50, lleguemos a verlo.
Javier ZULOAGA
