Carl Bernstein y Bob Woodward, periodistas del Washington Post, entraron en la mitología del periodismo cuando el 8 de agosto de 1978 el Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, presentaba su dimisión ante el alud de evidencias de su juego sucio en la campaña electoral que, dos años antes, le dieron la victoria sobre el candidato del Partido Demócrata, George Mc Govern.
El proceso Watergate infló los pulmones de quienes entonces estudiábamos periodismo y fue contrapunto de ese antiamericanismo que debíamos interpretar como casi obligatorio en cualquier joven que se considerara libre. En los EE.UU. de Vietnam, del asesinato de Kennedy y Martín Luther King, de John Edgard Hoover y su siniestro perfil, era posible que dos periodistas y una editora valiente, Katharine Meyes Graham, le ganaran el pulso al despacho más poderoso.
Treinta y dos años después, el periodismo de todo el mundo se estremeció con el asesinato de Anna Politkoskaya, periodista del bisemanario “Novaya Gazeta”, cuando trabajaba en un reportaje sobre torturas en Chechenia. Politkoskaya tenía su agenda plena de enemigos, tan numerosos como los amigos que Bernstein y Woodward fueron encontrando en sus investigaciones sobre las responsabilidades de Richard Nixon.
Son dos hitos de la épica periodística tradicional, de final bien diferente, pero con el común denominador del temor que pueden llegar a provocar, entre los más poderosos, que los profesionales del periodismo decidan hurgar y abrir las ventanas para que se ventilen las cloacas.
Estas dos historias han venido hoy a mi cabeza tras leer el amplio eco que ha tenido en los medios españoles la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se declara ilegítimo el uso de la cámara oculta en el oficio periodístico ("El País" y "El Mundo"). Sobre este asunto, que a nadie le quepa la menor duda, correrán ríos de tinta y volverá a invocarse la fragilidad de la libertad de información frente a la discrecionalidad del poder.
Desde que comencé a trabajar como periodista, hace ahora cuarenta años, han sido más poderosos aquellos que no querían piedras en la camino de la libertad para contar o informar de lo que ocurría, que quienes veían –veíamos- que precisamente por la trascendencia del periodismo, no estaban de más los códigos éticos, tanto para los informadores, como para los editores. Recuerdo que el hasta hace poco Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, me dijo en una ocasión que se debería comenzar por el de los segundos, los editores, porque la asunción de la ética profesional por parte de los empresarios de la información, arrastraría obligadamente a los periodistas que trabajan para ellos.
Frente a quienes piensan que el Tribunal Constitucional ha puesto, con su sentencia sobre las cámaras ocultas, un corsé a nuestro oficio, yo quiero decir sin ambages que no y que además la trascendencia de la sentencia no afecta al periodismo. Creo que periodismo es lo de Politkoskaya, Bernstein y Woodward y muchos miles de profesionales que nunca han recibido laureles ni apoyos universales pero que, cada día cuentan lo que pasa sin la necesidad de recurrir a colarse de rondón en el vida de una persona, sea o no sospechosa de algo.
El uso de estos artilugios mágicos está regulado en la vida judicial y sus imágenes son aceptadas, o no, por los jueces cuando les son presentadas como pruebas. Pero utilizarlos para echar carnaza impune a las audiencias invocando la libertad de información, es cosa bien distinta.
El uso de estos artilugios mágicos está regulado en la vida judicial y sus imágenes son aceptadas, o no, por los jueces cuando les son presentadas como pruebas. Pero utilizarlos para echar carnaza impune a las audiencias invocando la libertad de información, es cosa bien distinta.
Algo debe estar moviéndose en el mundo de la comunicación cuando nuestro oficio es protagonista con mayor frecuencia. Carolina de Mónaco –tal vez una de las personas vivas más fotografiadas- ha fracasado en su intento de que condenaran a un medio alemán por sacar imágenes de sus vacaciones familiares. Esta es la otra cara de la moneda, la evidencia de que no puede pretender quien ha alcanzado notoriedad pública gracias a los medios, poner puertas al campo de la vía pública para cerrarles el paso.
O la ley promulgada por el presidente de Ecuador, el populista Rafael Correa, prohibiendo a los medios de comunicación tomar partido por los candidatos electorales. Es decir, declarando “mudos” a periódicos, canales de televisión, emisoras de radio o medios digitales.
No puedo evitar dejar en la pantalla de quien me haya leido una reflexión que me asalta con cierta frecuencia, cuando recuerdo lo que un veterano periodista me dijo no hace mucho. “La mejor manera de que un escándalo político se diluya, es crear una comisión mixta y la seguridad de que un asunto judicial sea bien conocido es que decreten el secreto sumarial”.
A lo mejor no es para tanto.
Javier Zuloaga
1 comentario:
Hola! Javier,
Está claro que está semana está cargadita de noticias judiciales relevantes y polémicas.
Tras leer tu artículo me acordé de una noticia reciente relacionada con cámaras ocultas. La petición por parte de la fiscalía de Ankara (Turquía) de una condena de entre 7 y 22 años de carcel para Sarah Ferguson por un presunto delito contra el derecho a la privacidad de la infancia. La ex del principe Andrés grabó con cámara oculta las lamentables condiciones en que vivían unos niños en un orfanato de Turquía. Esta grabación fue retransmitida posteriormente por un canal de televisión británico. Dudo mucho que esas imágenes hubieran sido captadas si previamente se hubiera anunciado la visita de Sarah Ferguson o de cualquier envíado de UNICEF. Y considero lamentable que el gobierno turco intenté eludir o desvíar su responsabilidad con este tipo de acusación, cuando ellos han sido los primeros en vulnerar derechos básicos de la infancia.
Evidentemente, es necesario fijar límites a este tipo de periodismo de investigación, pero mientras sirva para denunciar y poner en evidencia situaciones como las del reportaje británico, bienvenido sea.
No defenderé el uso de cámaras ocultas o grabaciones para el famoseo. Pero, quizás sería conveniente encontrar fórmulas de cooperación entre el periodismo de investigación y la policía y autorizaciones judiciales para emitir este tipo de reportajes, cuando se trata de probar actividades ilegales.
Pero a partir de esta polémica sentencia me asalta una duda. ¿Que pasará con la labor de investigación de los detectives?. En múltiples ocasiones se hacen servir subterfugios para obtener la información deseada, se siguen a personas anómimas,etc,etc. Mayoritariamente con finalidades judiciales, pero si lo extrapolamos a la sentencia ¿no se trataría también de un atentado a la intimidad?.
Es una visión muy personal, pero mi conclusión de la semana, si analizo la sentencia que comentas, el caso del Juez Garzón, la inspección por parte del CGPJ al juez instructor del caso Urdangarín y le sumo como terminó judicialmente el caso de Marta del Castillo, solo puedo concluir que en este país los "presuntos culpables" tienen muchas facilidades para eludir sus responsabilidades.
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