¿DE QUIÉN SON LOS PARTIDOS?

La crisis económica y social - y la corrupción- están arrastrando, a una buena parte de los ciudadanos españoles, al derrotismo frente al futuro y a la incredulidad en los partidos. Le pese a quien le pese, lo cierto es que no existe mejor vía para la convivencia que la de esas fuerzas políticas que ahora algunos oportunistas –y a veces autoritarios- quieren sustituir con movimientos asamblearios, algunos de ellos de dudoso origen e intenciones poco claras. No se construye la prosperidad ni se mantienen las libertades desde el dictado de las turbas. Está escrito en la historia del mundo.

Pero, ¿de quién son los partidos?

Si hiciéramos una encuesta preguntando de forma simple a los ciudadanos, ¿sabe usted quiénes son los propietarios de los partidos?, muy posiblemente la respuesta mayoritaria sería la que se puede deducir de una lógica superficial, casi refleja: “Los partidos son de ellos mismos, de sus militantes”.

Tal vez la erradicación de esta premisa debería ser lo primero a abordar antes de legislar sobre lo que ahora existe . ” Los partidos políticos son, una vez se han constituido, patrimonio de la sociedad”. Así de simple y así de complejo, ya que su puesta en práctica implicaría echarle un auténtico pulso al tradicional sentido patrimonial que los españoles tenemos de las cosas más intangibles, comenzando por esa tendencia a creer y defender como propia una determinada manera de pensar y acabar encasillando a los ciudadanos en bandos. Y si son inconciliables, aún mejor.

Y un partido, si bien es un intangible por cuanto proviene de la unión de ideales y principios de unos ciudadanos bajo unas siglas, resulta, además, una vía para llegar al poder, para administrar las cosas públicas y  hacerlo correctamente, con pulcritud,  o de forma deplorable, metiendo mano en el cajón a través de los manejos turbios en el gasto proveniente de los dineros recaudados.

Hay quien puede pensar que se ha de partir de lo actual….arranquemos del Tribunal de Cuentas, pero mejorando su eficacia. Pero no, y creo que no vale, ya que la propia composición de este organismo, en la que intervienen los mismos partidos, no le invalida ni desacredita,  pero sí que pone en cuestión su “excelencia”, que es, al fin y al cabo, lo que buscamos.

El organismo o sistema que garantice el correcto funcionamiento de los partidos, no debería sostenerse con el método con el que se constituyen  otras instancias de gran importancia, CGPJ, TC… en las que finalmente son los representantes del pueblo en las Cortes los que conforman mayorías de un signo u otro. En el caso de los partidos, se ha de ser más estricto, ya que no se trata de formar mayorías que se inclinen hacia un lado u otro, sino de todo lo contrario y que además provoque que el juego sea más limpio. Y para ello, como ocurre en el saludable mundo del deporte, hace falta árbitros.

Existen otras soluciones mejores, seguro. Pero yo pienso que para que nuestros partidos políticos recobren la confianza pública que han perdido, se debería crear una suerte de Departamento para Asuntos Internos. Imagino a un cuerpo de profesionales, de sólida formación jurídica y capacidad ejecutiva, casi policial, formado por quienes hayan superado unas pruebas de selección de muy alto nivel.

Sí, acierta el lector. Como si fueran inspectores de Hacienda –al fin y al cabo se trata también de combatir el fraude- pero con una diferencia importante. Estos profesionales de la Administración deberían  estar dentro de los partidos. No como contables ni responsables económicos, sino en comisión de servicio.

Al fin y al cabo, un partido político, si lo que decía al comienzo de estas líneas es cierto y resulta que es propiedad de la sociedad, ¿por qué no va a ser aceptable que un profesional de la Administración trabaje puertas adentro?  Si a esa entelequia sumáramos una correcta rehabilitación de la figura de los secretarios municipales y una equivalente en las diputaciones, la mitad del camino ya estaría andado.

Las tentaciones de actuar de forma impropia, por ser de arriesgado final y escándalo aún mayor, serían mucho menores y tendrían difícil camuflaje o letargo en el ámbito de la justicia.

Este planteamiento debería ser debatido en una nueva Ley de Partidos Políticos insisto, a fondo, no con parches aparentes,  en la que habría que anclar otros pilares no menos importantes. Hacerlo, además, al tiempo de sembrar entre los ciudadanos, desde que son pequeños, los conceptos básicos de la ética, de la buena conducta. Sin nombres controvertidos, simplemente “ética” que actualmente no se si forma parte de los programas educativos y sin enfrentarla con asuntos religiosos, para que más tarde  los bachilleres, después universitarios, profesionales de un oficio o cualquier ciudadano, pueda dar un buen golpe en la mesa cuando los comportamientos indecentes trasciendan.

Es muy difícil y por ello un sueño para que los de mi generación, la del 50, lleguemos a verlo.

Javier ZULOAGA